Antes de empezar gracias a Cojebro por dar la oportunidad a ADICAE a participar en esta tribuna.
El seguro constituye una herramienta imprescindible en la vida cotidiana de los consumidores, tanto que cada vez son más los recursos que destinan las familias españolas a sus seguros. Pero a la vez se hace muy alarmante que, según un estudio realizado por ADICAE, 9 de cada 10 consumidores desconocen las condiciones de su póliza. Estos datos tan preocupantes se deben, entre otros, a la complejidad técnica de los seguros y a la falta de transparencia, en muchos casos premeditada, de la publicidad y comercialización de estos.
Las entidades bancarias se revelan como el principal canal de contratación de este tipo de productos (57%) muy por encima de la propia aseguradora (46%) o los intermediarios (43,2%) según el último estudio realizado por ADICAE. Este dato pone de manifiesto la hegemonía de la banca en las ventas cruzadas que tanto ha criticado la asociación y que suponen una fuente inagotable de abusos y de conflictos para los consumidores.
Casi la mitad de los encuestados reconocía que el seguro contratado le ha venido impuesto por el vendedor al contratar otro producto financiero, generalmente hipotecas. En este contexto, ADICAE critica que la relativamente reciente ley de crédito inmobiliario no haya puesto coto de forma definitiva a estas ventas vinculadas o combinadas, y que la posterior transposición de la Directiva de Distribución de Seguros en 2020 haya seguido esa misma senda.
De esta forma, el acceso a los productos de seguro en España por parte de los consumidores se ve intensamente sesgado, configurándose un mercado en el que una gran parte de los consumidores no “busca y elige” un determinado producto de seguro, sino que lo contrata, bien de forma accesoria (e incluso impuesta) a otro producto bancario, bien en base a las “orientaciones” del empleado de referencia de su sucursal bancaria. Y aunque esta realidad encuentra variaciones en función del ramo y tipo de seguro al que nos refiramos, lo cierto es que es indiscutible la distorsión que supone, con efectos relevantes sobre los consumidores.
Aunque todavía resulta necesario evaluar a fondo la eficacia que frente a los déficits, problemas y retos de la distribución de seguros entre los consumidores haya podido tener el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, los primeros análisis de ADICAE apuntan a que la situación, para los consumidores, ha cambiado poco o nada, mientras los retos derivados de la aplicación de nuevas tecnologías al conocimiento de los clientes por parte del sector bancario (que refuerza su posición de dominio, cuanto menos relativo, a la hora de distribuir productos de seguros de sus propias compañías) siguen sin adecuada respuesta.
Esos mismos retos de la aplicación de la tecnología se plantean también para los mediadores y corredores de seguros, figuras para las que convertir su papel de intermediarios y gestores para el cliente en un valor añadido percibido como tal por los consumidores es el factor diferenciador natural frente a la mera y exclusiva “venta de producto”. Y todo ello en un contexto en el que se multiplican las plataformas de comparación (y contratación “en un clic”) de productos.
De esta forma, ante los muchos nuevos retos que la realidad social, económica y tecnológica plantea (smart contracts y digitalización de productos e incluso coberturas, crisis e inflación, sostenibilidad….), allá donde las iniciativas converjan netamente en la mejora de la posición de los consumidores ADICAE y el sector de mediadores y corredores podrán encontrar puntos de encuentro y avance.
