La crisis provocada por la irrupción del COVID-19, de la que se cumplen dos años, no sólo ha generado nuevos desafíos para el tejido empresarial y el conjunto de la sociedad sino que, también, ha acelerado la necesidad de encontrar soluciones a retos que ya estaban ahí, antes de la pandemia, pero que ahora son más evidentes. Entre ellos, el relacionado con el envejecimiento, la calidad de vida de los ciudadanos de más edad y la necesidad de adaptar el Estado de Bienestar a una sociedad cada vez más longeva.
Los datos son elocuentes. Según el informe “España 2050”, elaborado por el Gobierno, en los próximos 30 años la esperanza de vida de los españoles aumentará hasta en 3 años. Esto implica que, para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años y que por cada mayor sólo habrá 1,7 personas con edades entre 16 y 64 años, la mitad que ahora.
Este cambio en la pirámide demográfica va a suponer un reto por sus implicaciones en áreas como las de sanidad, dependencia o pensiones. Según la proyección del propio Ejecutivo, el gasto público en pensiones puede incrementarse en 5 puntos y alcanzar hasta el 16,9% del PIB.
Un escenario que obliga a afrontar el debate sobre el futuro de las pensiones en España sin dilación y con decisiones de fondo. Con medidas que garanticen, de verdad, la sostenibilidad del sistema, la suficiencia de las pensiones y la equidad intergeneracional. Medidas que deben adoptarse mediante el diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo.
Desde CEOE, venimos reclamando al Gobierno una propuesta global para la reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, las últimas decisiones adoptadas no van en esa línea.
El futuro del sistema pasa por repartir la carga de las pensiones en los tres pilares de nuestro modelo: pensiones públicas, ahorro colectivo y ahorro individual. En este sentido, hay que valorar positivamente la intención del Ejecutivo de promover el ahorro de empleo. Pero el texto del recién aprobado proyecto de Ley de impulso de planes colectivos de pensiones está lejos de ser satisfactorio.
Por un lado, nace sin el apoyo de todos los agentes sociales que, en última instancia, somos los que tendremos que plasmar lo que fije la norma. Por otro, recoge deducciones fiscales y exenciones de cotización que son insuficientes y que, previsiblemente, no servirán para generalizar el ahorro en este ámbito.
Con todo, en el proceso de negociación hemos logrado importantes mejoras respecto a la propuesta inicial del Gobierno que, recordemos, pretendía dejar fuera y aislar al sector privado de la gobernanza de los fondos colectivos.
El futuro del sistema necesita medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa. Y esto tiene que incluir, también, los planes de pensiones individuales, muy afectados por la agresiva reducción de desgravaciones acometida por el Gobierno estos años. Sería un error promover la previsión social colectiva a costa de los planes individuales. Ambas patas son fundamentales y necesitan incentivos suficientemente atractivos.
Para favorecer su desarrollo resulta, también, necesario fortalecer las competencias financieras de los ciudadanos y crear una cultura de ahorro a largo plazo. Aspectos en los que el papel de los profesionales del sector asegurador debe ser fundamental.
Concluyo estas reflexiones poniendo de relieve el trabajo de las organizaciones empresariales, como Cojebro, que aportan valor a sus asociados en aspectos como la transformación digital, la formación continua o la presencia sectorial e institucional, y, también, a sus clientes, con la posibilidad de ofrecer un asesoramiento especializado en defensa de sus intereses.
